“La crisis del COVID-19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo haya vivido”, afirmó Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 19 de marzo 2020). Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó: “las consecuencias, en todos los países del mundo serán muy graves, no solo desde el punto de vista sanitario sino también económico y social”, señaló que “las medidas de distanciamiento físico son eficaces, pero tendrán graves consecuencias para los más pobres” (María Teresa Benítez de Lugo, 02 de abril 2020).

El contagio con el virus SARS-CoV2, causante de la pandemia COVID-19 tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico de México estimado entre (-)3.9 y 0.1%, aunque se anuncia una caída hasta del (-)8.0% (Redacción Animal Político, 09 de abril 2020). Esto implica un dramático aumento del desempleo, así como una drástica disminución de la solvencia económica de la población para poder acceder a las necesidades básicas de salud, alimentación, vestido y vivienda.

Según Bárcenas, en la región de América Latina y el Caribe las consecuencias inmediatas de las medidas preventivas del confinamiento y la reducción de movilidad poblacional, impactará negativamente cinco sectores clave de la economía en América Latina y el Caribe. Uno de los primeros en verse afectado ha sido el turístico, debido a la disminución y cancelación de vuelos, así como por el cierre parcial de fronteras. El levantamiento de estas medidas será paulatino y la confianza de quienes viajan tardará meses en recuperarse (CEPAL, 19 de marzo 2020). Las actividades económicas alrededor del sector turístico como el transporte, comercio minorista y de servicios se encuentran severamente afectadas; y los empresarios del sector han anunciado la pérdida de 1.2 millones de empleos en 2020, así como el riesgo de que algunas aerolíneas quiebren (Israel Rodríguez, 23 de marzo 2020). 

El segundo sector, el de exportaciones de productos básicos y materias primas, experimenta un descenso en el volumen y precios. México y los países de América Latina y el Caribe se caracterizan por ser exportadores mineros y agropecuarios, por lo que se verán afectados por la caída de precios en los productos básicos o commodities, ya que la exportación a Estados Unidos de estos bienes recauda más dinero del que se ocupa en importaciones (CEPAL, 19 de marzo 2020).

El tercero es la interrupción de las cadenas globales de distribución. México está expuesto a la caída de la oferta de los insumos intermedios que China suministra a la industria, de los cuales importa casi el 7%; en cuanto a la oferta y la demanda de los productos finalizados, este estará sujeto a las condiciones y acuerdos alcanzados con Estados Unidos en el sector manufacturero, y a la Unión Europea respectivamente, de la cual -por el valor añadido en los sectores de servicios y manufactura- se obtiene alrededor del 5% del producto interno bruto (PIB) (CEPAL, 19 de marzo 2020). 

El cuarto sector es el de la inversión extrajera, que se ha visto afectado durante los primeros cuatro meses del 2020, al salir del país 8,643 millones de dólares (CEPAL, 19 de marzo 2020; Forbes Staff, 02 de mayo 2020). Este escenario se tensa con la reducción de la calificación crediticia que algunas empresas calificadoras como Standard & Poor's dieron a México; lo cual abona la incertidumbre en este sector porque tiene repercusiones en los precios de los productos, servicios e intereses para obtener créditos, además, la calificación aumenta el cobro de intereses por concepto de deuda nacional que representa más del 82% del presupuesto federal (Gabriela Frías, 26 de marzo 2020; Enrique Galván Ochoa, 10 de septiembre 2019). 

El panorama económico y social con el que México enfrenta la pandemia es harto complicado. Según datos de la CONAPO, el 41% de la población en México vive en situación de pobreza, 82% moderada y el 18% en extrema (CONEVAL, 5 de agosto 2019). La CEPAL (03 de abril 2020) augura para América Latina y el Caribe que la tasa de pobreza (30.3%) y pobreza extrema (11%) aumentarán a corto plazo 3.5 y 2.3 puntos porcentuales respectivamente si se tiene una pérdida del 5% en el ingreso. En caso de que el deterioro del ingreso sea mayor, aumentará la cifra de personas que retrocederán económicamente.

Adicionalmente, un elemento que agudizará la crisis es la disminución del flujo de remesas enviadas por connacionales en Estados Unidos a sus familias en México (CEPAL, 21 de abril 2020). Aunque paradójicamente en el mes de marzo se batieron todos los récords con un envío de 4 mil millones de dólares que se recibieron en México, se considera que esto sucedió porque los y las migrantes están asegurando su regreso enviando sus ahorros, ya que estar en Estados Unidos como migrante en estos momentos se ha vuelto muy difícil (Jorge Durand, 10 de mayo 2020). Se calcula que podría reducirse entre 10% y 17% la llegada de éstas a la región de América Latina y el Caribe, y que podrían pasar de 4 a 10 años para recuperar el monto alcanzado en 2019. Los hogares que reciben remesas y se encuentran en pobreza utilizan el 80 ó 90% de las mismas para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda (CEPAL, 21 de abril 2020). A todos estos factores se suma la baja histórica del 92% de los precios del petróleo, que junto con las remesas representan una parte importante del PIB (Israel Rodríguez, 20 de abril 2020)

En México, al cierre del 2019 el INEGI reportó la cifra de 55 millones 683 mil 450 personas ocupadas en el país, de las cuales, 56,2% laboran en el sector informal, sin derechos laborales - seguro social, aguinaldo, incapacidad, seguro de vida- quienes en su mayoría viven al día y se encuentran más expuestas a ser contagiadas (INEGI, 13 de febrero 2020). Además, debido a la contingencia sanitaria a finales de abril del año en curso, se registraron 700 mil empleos perdidos (Citlali Sáenz, 5 de mayo 2020). El movimiento de personas en la calle es el motor de esta economía, y las medidas de confinamiento la han ralentizado; lo que se puede traducir en hambre, violencia, inseguridad y el aumento de captación de jóvenes por parte del crimen organizado. Hay que destacar que el estado de Veracruz tiene al 68 % de su población económicamente activa, empleada en el sector informal (INEGI, 13 de febrero 2020).

Por lo cual, el Estado -en sus tres niveles de gobierno- debe tomar medidas puntuales para contrarrestar este fenómeno; según su capacidad, y garantizar el abasto de bienes esenciales como equipo médico, farmacéutico, alimentario y de energía. Es imperante que se refuerce con acciones concretas el sistema de protección social que apoye a la población más vulnerable. Monitorear la oferta y la demanda de la canasta básica, para evitar el aumento de precios como ocurrió en China durante el brote (CEPAL, 03 DE ABRIL 2020). Tomar en cuenta que la suspensión de clases afecta a un sector de la población infantil de escasos recursos, que se beneficia con la entrega de desayunos escolares en los centros educativos, la suspensión de clases afecta la nutrición de esta población y hay que atenderlo.

El gobierno federal ha puesto en marcha acciones para garantizar el acceso a la alimentación durante el confinamiento, permitiendo la movilidad con medidas preventivas a actividades económicas esenciales que incluyen el abastecimiento de alimentos. Lo anterior, ha favorecido que no se reduzca la oferta y ha contribuido estabilizando los precios (DOF, 31 de marzo 2020). En este sentido, el gobierno municipal de Xalapa ha tomado acciones para garantizar la seguridad alimentaria; entregando despensas a familias vulnerables para solventar la nutrición de niñas y niños, así como la de todos los miembros de la familia (H. Ayuntamiento de Xalapa, 28 de abril 2020; 4 de mayo 2020).

Aunque los expertos señalan que el sector primario será el menos afectado, este puede sufrir un estancamiento por la crisis sanitaria (Natalia Donato, 19 de marzo 2020). De hecho, en las últimas semanas de abril bajaron los precios de los productos agrícolas debido a la reducción de la demanda internacional (FAO, 07 de mayo 2020). Quienes cultivan el campo, pequeños o grandes, verán reducida su expectativa de ganancia, y recibirán menos de lo invertido por cosecha en detrimento de su bolsillo y de la próxima temporada de cultivo. Para las grandes empresas exportadoras de básicos, el reto será resistir el ciclo de cosecha en el que se está dando la cuarentena y las medidas restrictivas impuestas al comercio internacional, ya que 60 países de todas las regiones han restringido las exportaciones de productos alimenticios, médicos y sanitarios (CEPAL, 21 de abril 2020). Con esta perspectiva, las acciones de las entidades estatales y municipales cobran suma importancia para evitar que la crisis económica se profundice y se traduzca en crisis alimentaria, en un contexto previo en el cual 51% de los hogares en la ciudad tiene algún tipo de inseguridad alimentaria (leve-30%, moderada-13 y severa-8%), y 69% de los hogares en el campo tienen algún tipo de inseguridad alimentaria (leve-41%, moderada-18 y severa-11%) (ENSANUT, 2018).

Para enfrentar la crisis del COVID-19 con políticas públicas eficientes, los gobiernos deberán enfocarse, en primer lugar, en los grupos más vulnerables, ya que la desigualdad del país provocará que la crisis impacte con mayor fuerza a dicho sector. Los grupos más vulnerables en México son los jóvenes, trabajadores y trabajadoras del sector informal, personas con problemas de salud subyacentes, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas, mujeres. Los niños y las niñas también están dentro del grupo vulnerable ya que es probable sean enviados a trabajar en la informalidad en lugar de a la escuela después de pasar las medidas de contención (CEPAL, 03 de abril 2020).

La crisis sanitaria exacerba la vulnerabilidad de las mujeres como grupo, pues la organización social de los cuidados sigue recayendo sobre todo en ellas, ya sea de forma remunerada o no, absorbiendo la mayor carga de cuidados, tanto de niños y niñas que no asisten físicamente a la escuela, adultos(as) mayores, personas con discapacidad y enfermos dentro de la familia. A esto se suma el trabajo por el cual están contratadas (en su caso) y el trabajo doméstico de limpieza y actividades propias de la reproducción social. En la región de América Latina y el Caribe la mujer termina invirtiendo el triple de tiempo en el trabajo doméstico y cuidados no remunerados en comparación con los hombres, en detrimento de su salud. Esto impacta aún más a las mujeres de los hogares con menos ingresos; el paro económico afectará más a las mujeres, por lo que la brecha de género podría aumentar (CEPAL, 03 de abril 2020; 21 de abril 2020). En el país, en actividades esenciales, el 33.68 % de fuerza laboral son mujeres, mientras los hombres representan el 66.32 % (Jéssica Xantomila, 5 de mayo 2020).

La práctica cultural de repartir inequitativamente las tareas domésticas dentro del hogar, deja menos tiempo a las mujeres para atender sus obligaciones laborales y las hace más susceptibles de ser despedidas en caso de requerirse la reducción del personal en una empresa. Según datos de las Naciones Unidas en el 2019 la prestación de cuidados no remunerada es el principal motivo por el que las mujeres están fuera del mercado laboral. De manera general las actividades domésticas realizadas por mujeres disminuyeron 15 minutos por día en 15 años, mientras que el de los hombres aumento 8 minutos por día. De continuar este ritmo, la brecha de género en términos de tiempo dedicada al trabajo de cuidados no remunerados se cerraría en 209 años, alcanzándose en el 2228 (OIT, 7 de marzo 2019). El reporte global de la Brecha de Género del 2018 proyecta que la tendencia para cerrar la inequidad de género en 106 países tardará 108 años. La brecha económica y política es el reto más desafiante y se calcula que tardaremos 200 y 105 años más, respectivamente (Foro Económico Mundial, 2018). 

Con la pandemia del COVID-19 los avances logrados para disminuir la brecha de género en los últimos cuarenta años corren el riesgo de retroceder 200 años, según Sheila Hernández Alcaraz Directora del Observatorio contra el Acoso en México entrevistada en el programa Ellas Hoy de France 24 publicado el 21 de abril del presente. Esto se deberá a la mala distribución del trabajo doméstico, a la sobre carga en los trabajos del cuidado y a detalles administrativos en empresas. Por ejemplo, en varios países la entrega de los reportes en la cuota femenina de las empresas está siendo condonada por los atrasos que representa la cuarentena en las actividades productivas, por lo que no se tendrá una contabilidad certera de la relación entre hombres y mujeres que terminarán el año con empleo. También se sabe que ante las crisis hay una mayor probabilidad de despido, si eres mujer, pues “salen más caras” por la posibilidad de embarazo y enfermedades. Por estas razones, las madres solteras -principalmente en condiciones de pobreza - deben ser la población prioritariamente atendida en esta crisis (Sheila Hernández Alcaraz, 20 de abril 2020).

Hoy se debe poner en entredicho el modelo dominante de inserción de las regiones a una economía de escala internacional basado en la especialización de materias primas, manufactura de ensamblaje y el turismo, en donde se desarrollan las actividades económicas en torno a las demandas de países en desarrollo y con el dinero para pagarlos. La disrupción de diversas cadenas de producción y distribución globales ha mostrado los riesgos que supone la dependencia de las manufacturas importadas. Por ejemplo, la limitada disponibilidad de productos esenciales para enfrentar al COVID-19. Ante esto, uno de los caminos que tomarán algunos países será el acortamiento de redes internacionales de suministro, impulsando acuerdos regionales antes que multilaterales, fomentando un comercio más fragmentado y localizado, incluso mayormente limitado al país (CEPAL, 21 de abril 2020).

Abordando el tema de la producción agrícola, existen otros modelos de producción más sostenibles que deberían ser puestos a debate para su aplicación. Entre ellos está la agroecología; que además de la visión productiva, integra el componente sociocultural-económico y político. Como modelo productivo busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de cultivos agrícolas (Stephen R. Gliessman, 2002). Esto implica aumentar la diversidad y las interacciones entre diferentes especies de plantas, animales e insectos para regular las poblaciones, así como aumentar la resiliencia y resistencia de un cultivo; promover el ciclo de nutrientes, fortalecer el suelo regresándole su fertilidad, entre otros componentes con el fin de abastecer el autoconsumo y las demandas del mercado local. Además se encamina a que el manejo de los recursos sea colectivo y local. La visión de producción da impulso a la soberanía alimentaria de los pueblos y fortalece la postura política de autosuficiencia sobre la producción de alimentos, en la que cada pueblo, país o región pueda decidir que quiere sembrar y cómo hacerlo de acuerdo a su cosmovisión y no bajo las reglas del mercado. Para esta visión, los alimentos no pueden, ni deben ser una mercancía, sino un derecho de los pueblos, tanto como el derecho a existir (Eduardo Sevilla Guzmán y Marta Soler Montiel, 2010).

La agroecología se puede aplicar a pequeña escala en los huertos de traspatios de las ciudades, su periferia, o medio rural, estos pueden funcionar como pasos paulatinos al cambio civilizatorio que necesitamos para acortar las cadenas de producción y ser más sostenibles, al menos, en los recursos básicos para la vida como son los alimentos. Entre los diversos beneficios que aportan los huertos está el proveer productos frescos y de temporada de acuerdo a nuestra región impulsando una alimentación sana y culturalmente significativa. Lo anterior beneficia a la población ayudando a la reducción en la epidemia de sobrepeso y obesidad de nuestro país, a la vez que promueve identidad y arraigo a las regiones. Asimismo, dichos productos tienen el potencial de conectan la ciudad con el campo o zonas periurbanas y beneficiar la economía de la zona, disminuyendo la huella de carbono, así como una importante cantidad de residuos (Eduardo Sevilla Guzmán y Marta Soler, 2010).

Introducir la agroecología en las políticas públicas, es una oportunidad para integrar la protección al medio ambiente, ya que en los agroecosistemas se prescinde del uso de agroquímicos y combustibles fósiles. Por lo que es una oportunidad para concientizar, en la práctica, sobre el cambio climático y la manera en que afectan las actividades humanas en la contaminación del aire. Factor que modula y exacerba la presencia de virus y representa un importante riesgo para la salud, como lo demuestran los estudios que lo relacionan con accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, neumopatías crónicas y agudas, entre otras como el asma (Claudia Peralta Vázquez, 22 de abril 2020). Por lo anterior, no sorprende que varios estudios vinculen la contaminación del aire con mayor posibilidad de morir por COVID-19. Un estudio reporta que un 78% de las muertes por COVID-19 pudiera estar relacionadas con las altas concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) en las ciudades (Yaron Ogen, 11 de abril 2020).

La problemática económica, social y ambiental que se está desarrollando con el virus SARS-CoV2, tiene como contexto un modelo económico que no privilegia el cuidado ni el respeto por la vida. La enfermedad no cambió el rumbo hacia donde se dirigía la humanidad, sólo aceleró las consecuencias que ya se veían venir. Por lo anterior, se necesita un cambio de paradigma, este cambio podría ser la agroecología empezando con pequeñas acciones a nivel local, motivando la participación de toda la sociedad, es decir, ciudadanía organizada o no, academia, empresas y gobierno empezando por apoyar a quienes son más vulnerables y que no pueden solventar sus necesidades básicas. 

En la crisis del COVID-19 los huertos agroecológicos pueden ser una salida a corto plazo para disminuir la vulnerabilidad alimentaria de las familias, sobre todo, de las más pobres. Aunque es una acción pequeña no están exentas de dificultades y se deben tomar en cuenta para hacer una intervención eficiente. Entre ellas se pueden presentar: la poca o nula experiencia en el cultivo de hortaliza, la carencia de espacio, tiempo y semillas de buena calidad (agroecológicas y de polinización abierta), así como el desconocimiento para obtener sus propias semillas y realizar abonos orgánicos. 

Para solventar estas carencias, los gobiernos municipales o quienes tomen acción deberían facilitar espacios (municipales o abandonados) con características adecuadas para la siembra de hortaliza, y deberían tener instalaciones mínimas en obtención de agua y almacenamiento de herramientas e insumos. También deberían proporcionar la capacitación técnica adecuada, transferencia de conocimiento y adecuaciones de tecnologías para buscar la autosuficiencia de los huertos, ya sean estos comunitarios o familiares. 

Para las personas que tengan la experiencia y el conocimiento en sembrar, se deberían crear las condiciones que les permitan promover y compartir la aplicación de sus conocimientos, intercambiar sus experiencias con el objetivo de generar comunidades de aprendizaje y fomentar la replicación de dicho modelo en casa, lotes baldíos u otros terrenos municipales (Comunicación personal del Dr. Miguel Ángel Escalona, abril 2020). En esta primera etapa, el gobierno debería facilitar los insumos y recetas de biofertilizantes y biopreparados para el control de plagas que posteriormente los y las interesadas podrán realizar por cuenta propia. Conforme a este respecto, se podría ir más allá utilizando los desechos del rastro municipal para su reincorporación al campo con la realización de biofertilizantes que se pueden proporcionar o vender a bajo costo a los y las productoras.

En el mediano plazo, se debería dar seguimiento al acompañamiento técnico de los interesados en los huertos, con el fin de apoyar en la resolución de las dudas que surjan, sobre todo, de nuevos cultivos de siembra, control de plagas, enfermedades, obtención de las propias semillas, aumento de rendimiento y mejora de la calidad. Con el fin de no ser únicamente un modelo de autoabastecimiento, sino también, de comercialización para la ciudad con productos de calidad, en caso de que el espacio lo permita. 

Si el proyecto se plantea a largo plazo, se podría estructurar la comercialización para promover la seguridad alimentaria de más población, con la creación de cooperativas, así como abrir uno o varios puntos de venta y transformación de los productos. Esto podría aumentar las comunidades de aprendizaje, boicoteando el individualismo exacerbado por el modelo económico, y rotar las parcelas de cultivo a otras personas con el fin de que más gente aprenda a cultivar y replicarlo en casa. Aquellos primeros(as) aprendices serían los(as) maestros(as) de nuevas generaciones (Juliana Merḉon et al, 2012).

Los huertos desarrollados agroecológicamente mejorarían la alimentación y aportarían bienestar a la salud de las y los xalapeños y xalapeñas que participen, incluyendo a quienes comercialicen los productos. Este es un tema de salud pública que debió ser atendido con urgencia desde hace más de una década. De haberse hecho, el riesgo de complicaciones graves de la enfermedad COVID-19 hubiese disminuido, ya que las personas con hipertensión, diabetes y obesidad tienen mayor propensión de complicarse y llegar a ser un caso grave mortal de la enfermedad (Gobierno de México, 2020). Debido a las condiciones de salud de la población en México la letalidad del virus fue de 9.1 %, mientras que a nivel mundial era 6.9 %. En México, según la ENSANUT 2018, el porcentaje de población de 20 años o más con diagnóstico de hipertensión fue de 18.4%, es decir 15.2 millones de personas. En el mismo grupo de edad tenemos que el 75% tiene sobrepeso u obesidad y, aproximadamente, 1 de cada 10 tiene diabetes (10.3% ó 8.6 millones de personas). 

Los huertos agroecológicos en Xalapa son una iniciativa impulsada vigorosamente por la sociedad civil organizada a través de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana (Facebook) en conjunto con la Universidad Veracruzana, la cual, atiende a la ciudadanía desde hace años. El gobierno municipal se suma a la propuesta, específicamente para atender a mujeres y jefas de familia que viven en pobreza, ya que son uno de los grupos más vulnerables del municipio que será impactado considerablemente por los efectos de la pandemia. Con ello, se suman esfuerzos para continuar promoviendo valiosas acciones hacia la soberanía alimentaria de la región, teniendo como prioridad fomentar los valores del cuidado por la vida y el respeto al medio ambiente.

 

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